En el día internacional de las Personas Refugiadas, las Plataformas Sociales Salesianas pedimos crear un sistema que cumpla con la normativa europea y se impregne de sensibilización, formación e información de quienes atienden las solicitudes de asilo.

Por: CEPSS

El sistema actual para la solicitud de asilo presenta serios obstáculos para el acceso a derechos fundamentales. La saturación de las citas telemáticas y la excesiva digitalización, sumadas a la brecha digital, dificultan la realización de la mayoría de los trámites administrativos que requieren medios electrónicos. Estos impedimentos burocráticos y administrativos perpetúan la vulnerabilidad de las personas solicitantes de Protección Internacional.

El 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde las Plataformas Sociales Salesianas queremos resaltar la situación crítica que enfrentan quienes buscan protección en España. Esta fecha, establecida para fomentar la comprensión y empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas, también nos ofrece la oportunidad de reconocer su resiliencia en la reconstrucción de sus vidas. Sin embargo, es crucial reflexionar sobre los desafíos burocráticos que dificultan su integración y acceso a derechos básicos.

La condición de refugio se otorga a personas que, debido a temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género u orientación sexual, se encuentran fuera de su país de origen y no pueden o no desean regresar. Según la Ley 12/2009, estas personas enfrentan una vulnerabilidad extrema y necesitan protección inmediata. Además, es fundamental recordar que detrás de cada solicitud de asilo hay una historia de vida marcada por la adversidad y la esperanza de encontrar un lugar seguro donde vivir.

Principales obstáculos burocráticos

Acceso al procedimiento de asilo: Las demoras en obtener citas para formalizar solicitudes impiden que los solicitantes accedan a derechos básicos, dejándolos en situaciones de especial vulnerabilidad. España incumple la Directiva de Procedimientos (2013/32/UE) que establece que las solicitudes deben registrarse dentro de tres días hábiles. La falta de cumplimiento agrava la irregularidad administrativa y la falta de acceso a recursos públicos.

Obstáculos para la realización de trámites: Las dificultades para obtener citas y el colapso del sistema telemático, junto con las denegaciones de empadronamiento por motivos no legales, agravan la situación. Esta problemática ha generado un mercado ilegal de citas y documentación, donde las citas se venden por precios que oscilan entre 50 y 500 euros en portales de compra-venta.

Acceso a la protección Internacional: Las citas telemáticas insuficientes y los retrasos en la resolución de expedientes, con más de 100.000 pendientes, generan incertidumbre y perpetúan la vulnerabilidad de los solicitantes. La falta de resolución rápida y efectiva deja a muchas personas en una situación de limbo administrativo.

Exclusión económico-financiera: Las entidades bancarias suelen negar la apertura de cuentas a solicitantes de asilo, incumpliendo la normativa vigente y exacerbando su exclusión social y económica. Sin una cuenta bancaria, no se puede acceder a servicios básicos, firmar contratos de trabajo ni recibir prestaciones sociales, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad.

Brecha digital: La mayoría de los procedimientos administrativos requieren medios electrónicos, lo cual es un obstáculo para quienes carecen de acceso a herramientas digitales y asistencia administrativa adecuada. La falta de traducción e interpretación especializada, junto con el desconocimiento del personal administrativo sobre la documentación de las personas refugiadas, agrava la situación.

Consecuencias de los obstáculos burocráticos

Esta situación perpetúa la vulnerabilidad y exclusión social de las personas refugiadas, impidiendo su acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Las barreras administrativas y la discriminación estructural afectan directamente su capacidad de acceder a servicios básicos y disfrutar de una vida digna. Las dificultades para obtener una tarjeta sanitaria, los retrasos en la escolarización de niños/as y la falta de homologación de estudios impiden el acceso a un trabajo digno. La segregación laboral y la desatención de las necesidades de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas generan desigualdad.

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna y adecuada actúa como un efecto dominó, impidiendo el disfrute de casi todos los demás derechos y constituyendo una verdadera emergencia social. Sin acceso a recursos básicos, las personas refugiadas se ven abocadas a situaciones de exclusión social.

Compromiso y llamada a la acción

Desde las Plataformas Sociales Salesianas, reafirmamos nuestro compromiso con la protección de las personas refugiadas y hacemos un llamado a la colaboración entre instituciones, organizaciones y la sociedad civil para eliminar estas barreras. Proponemos:

• Fomentar la sensibilización del personal de la administración pública: Realizar programas de formación y concienciación sobre los derechos y necesidades específicas de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, más allá de los trámites y procesos administrativos.
• Agilización y refuerzo de los procedimientos de asilo: Garantizar que todas las solicitudes de protección internacional sean atendidas dentro de los plazos legales establecidos por la normativa europea, sin discriminación por origen o nacionalidad. Esto implica dotar de recursos humanos y materiales suficientes a las oficinas encargadas de tramitar dichas solicitudes.
• Extensión del plazo para la búsqueda de vivienda post-sistema: Sugerimos extender el plazo actual de 15 días a un mínimo de 30 días para mejorar las oportunidades de encontrar un alojamiento adecuado, evitando así situaciones de dependencia que no se corresponden con la finalidad de la plena autonomía.
• Protección integral para menores: Es urgente proteger a los menores que se encuentran en centros de acogida. La convivencia con adultos puede exponerles a riesgos innecesarios. Debemos asegurar su seguridad y bienestar, separándolos por grupos de edad y garantizando la presencia constante de personal cualificado. La protección de los niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad absoluta en nuestro sistema de acogida.
• Reconocimiento de cualificaciones y experiencia profesional: Establecer mecanismos ágiles y accesibles para la homologación de títulos y la acreditación de competencias profesionales de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Fomentar programas de asesoramiento y acompañamiento en estos procesos.